¿Se convertirán los shelters de San Francisco en un peligro para los desamparados latinos?
Como resultado de la aprobación de la Proposición N por los votantes de San Francisco, a partir del próximo 1 de julio el sistema de servicios sociales para personas desamparadas de la ciudad pasará por importantes cambios que sin duda afectarán a los inmigrantes que usan esas instalaciones.
Entre las muchas normas derivadas de la Proposición N, está la creación de un registro de personas desamparadas. Ese registro será obligatorio para las personas que duermen en los refugios, o que usan los centros de recursos (drop-ins), o incluso los programas de tratamiento contra el abuso de alcohol y drogas.
Con ese registro se quiere obligar a todas las personas que usan esos servicios a dar su nombre y permitir que les tomen las huellas. Aunque el Departamento de Servicios Humanos insiste en que ese sistema será de uso exclusivo de los servicios sociales, todos sabemos que nuevas leyes federales conceden al Departamento de Seguridad Nacional y sus agentes de la antigua Migra la autoridad para obtener información de todas las fuentes existentes.
El plan de tomar huellas y poner en un registro oficial a todas las personas que usan los refugios puede convertirse muy pronto en una lista negra de deportaciones. Aunque eso puede parecer un temor exagerado, los inmigrantes ya estamos sufriendo con la campaña de acoso decretada por Bush como respuesta a los atentados del 11 de septiembre.
Desde aquella fecha, un gran número de inmigrantes ha sido arrestado en sus hogares o lugares de trabajo y deportados, sin que importara el hecho de que no estaban de ninguna manera conectados con actividades terroristas.
Muchas personas que acuden a los refugios como único recurso para tener un techo sobre sus cabezas en las frías noches de San Francisco se sentirán justamente amenazadas. Temiendo enfrentar una posible deportación o arresto, muchos preferirán buscar amparo bajo los puentes o en las calles, con los peligros que ello conlleva.
Otras disposiciones del Departamento de Servicios Humanos significarán de hecho una discriminación entre los clientes que reciben servicios. Para poder recortar el gasto de la ciudad en asistencia pública, se les dará preferencia a los clientes que reciben esa ayuda, lo cual significa que los clientes latinos sólo serán admitidos una vez que se haya acomodado a los receptores de tal asistencia. Desde Hogares Sin Barreras nos oponemos a todas las medidas diseñadas por el Departamento de Servicios Humanos que sean discriminatorias y supongan un recorte de servicios , y desde luego nos oponemos a que se cree ningún sistema de registro de los desamparados que pueda servir como instrumento de la guerra que el gobierno federal ha lanzado contra los inmigrantes en este país.
COH