EDICIÓN POPULAR EN ESPAÑOL: PAPELES, PAPELES, PAPELES
Quién entre los que vinimos a este país sin un visado o permiso de trabajo no ha pensado nunca que todo mejoraría si apenas uno tuviera papeles?
Recuerdo una antigua maldición que consiste en decirle a la persona a la que se quiere castigar: “ que tus deseos se cumplan”.
Parece que los gobernantes de turno, tanto de ámbito local como estatal y federal han empezado a escuchar los ruegos de algunos inmigrantes y empiezan concedernos papeles.
El deseo del inmigrante por obtener papeles no debería ser muy difícil de comprender. Por supuesto que no se trata de un deseo vano de cargar una tarjeta con datos y una fotografía. A lo que aspira el inmigrante es a la legitimidad y la igualdad de derechos.
Esa legitimidad y esa igualdad se expresan en las sociedades modernas con el uso de documentos como las tarjetas de identidad, los pasaportes, las tarjetas del Seguro Social, las partidas de nacimiento, y otros semejantes.
Una tarjeta consular, como la que se ha estado usando para identificar a los ciudadanos mexicanos, le concede al portado un pequeño alivio en su situación de precariedad.
Infelizmente, cuando cruzamos la frontera para convertirnos en “ilegales” — uno siempre se pregunta, ¿cómo puede un ser humano ser ilegal? – todo los documentos que anteriormente legitimaban nuestra existencia dejan de tener valor. Estamos tan absortos por la burocracia absurda que no nos damos cuenta de que no son los papeles los que le hacen a uno ser quien es.
Lo que sí es un hecho irrefutable es que los papeles, aunque no cambian en nada la persona, sirven para garantizarnos una serie de derechos legales que de otra manera parece imposible asegurar.
Para os que vivimos sin papeles, las tarjetas consulares significan la única posibilidad de acceder a servicios, o de esquivar un arresto, incluso de utilizar una cuenta bancaria para reducir el coste de enviar dinero a nuestras familias.
En algunos estados, se habla de concederle a los inmigrantes sin papeles el derecho a manejar vehículos. Sin duda seria un adelanto que le daría a muchos la posibilidad de conseguir trabajos mejor pagados.
Pero conviene no olvidar que la misma autoridad que concede esos documentos puede utilizarlos en contra nuestra. La tarjeta consular no sirve como prueba de residencia legal, y además indica claramente que el portador es un ciudadano extranjero.
Muchas veces, al tener un tropezón con la ley, el hecho de no cargar papeles sirve para esconder de la policía o de inmigración la realidad sobre nuestro estatuto legal, nuestra procedencia y la duración de nuestra permanencia en el país. Esa posibilidad, a veces supone la diferencia entre retrasar un proceso de deportación o sufrir las consecuencias de manera inmediata.
Otro ejemplo del uso negativo de los documentos de identidad es lo que está poniendo en marcha la ciudad de San Francisco bajo el nombre de CHANGES y que afectará principalmente a los inmigrantes más pobres, que viven en los refugios o usan los centros de recursos de los servicios sociales.
El sistema de CHANGES se está implementando de manera complementaria a la ley conocida como CARE NOT CASH. En cuanto los efectos directos de CARE NOT CASH se notan de manera más directa sobre los desamparados que reciben asistencia social, porque recorta los beneficios que reciben del condado, en el caso de CHANGES, los que se están viendo primeramente afectados son los inmigrantes desamparados.
El sistema funciona de la siguiente manera: Cuando una persona desamparada acude a un centro de recursos — conocidos como drop-in centers – se le pide que firme un documento en el cual autoriza a la ciudad a utilizar sus datos en un fichero en el que identificará a todos los clientes de esos servicios. Tras firmar ese documento, el cliente debe permitir que le tomen una fotografía y que le tomen las huellas digitales en una escáner electrónico que permite archivar las huellas en una computadora.
Lo que ya de por sí es una ofensa para cualquier persona, ya que para recibir unos servicios que la ciudad tiene la obligación de proveer uno tiene que tolerar que se le trate de manera similar a la que se trata a los que han cometido un delito, en el caso de los inmigrantes es todavía peor.
Primero, pese a que la ley lo prohíbe, hemos visto como se está obligando a desamparados que no hablan inglés a firmar documentos que no entienden, y en los que autorizan la ciudad a conservar esos datos para darles el uso que crean conveniente.
Segundo, porque unos datos que deberían estar protegidos, ya no lo están y las leyes federales permiten que los agentes de inmigración utilicen esa información para arrestar y deportar a inmigrantes en situación irregular. No seria una gran sorpresa si dentro de unos meses los agentes de inmigración empezaran a realizar redadas rutinarias en los refugios, deteniendo para deportación a todos los que se encuentren en situación irregular.
Tercero, y más grave, es que todos esos riesgos y esa pérdida de derecho a la privacidad y la dignidad, pudiera muy bien resultar en que los servicios le sean negados a esa persona. Tal y como se han estado implementando todos estos cambios, el sistema exige que una persona se registre para obtener los servicios, pero al hacerlo no se le garantiza que de hecho se le concederá el servicio.
Una vez más, parece que a los inmigrantes nos toca pagar la cuenta y los platos rotos, pero sin haber podido disfrutar de la comida como los demás.
@santabarbara